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 Bogotá, Colombia,


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COLOMBIA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Dos meses después de las detenciones

Autor: CILEP

 


 

El recuerdo de Allende arribó el pasado viernes 11 de Septiembre con una gran noticia: la libertad de nuestrxs compañerxs defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, juveniles, periodistas y trabajadores populares, detenidxs el pasado 8 de Julio de manera arbitraria a través de un gran montaje judicial desplegado en capturas de película y procesos judiciales a toda vista sostenidos en mentiras. Con ocasión de este gran logro compartimos algunas reflexiones que no se pueden perder de vista en un momento de álgida persecución a las formas de movilización social en el país. 

 

Parece paradójico que durante los diálogos de paz en la Habana con las Farc la persecución hacia el ejercicio político de oposición, resistencia y movilización se arrecie de manera considerable. Sin embargo, es prudente recordar que no es una novedad en la realidad histórico-política de nuestro país: la construcción de espacios de participación política se encuentra atravesada por una lógica de aseguramiento inmunitario hacia las expresiones populares que reclaman una ampliación (radicalización) de los principios democráticos que sostienen y viabilizan la vitalidad de la acción política. La democracia estatal en nuestro país, rodeada de instituciones y agentes que responden a esta lógica, estigmatiza y neutraliza lo que abre y, por ende, lo que está “por fuera” de sus límites. En esta medida, deja entonces de ser paradójico el vínculo existente entre “diálogo de paz” y persecución política. Después de un semestre difícil y doloroso para la “izquierda” en nuestro país, de dos meses de las detenciones arbitrarias a miembros del Congreso de los Pueblos y finalmente su liberación, es vital reflexionar acerca de nuestro espectro político y las respuestas que han surgido a partir de este.

 

¿Qué implica un aseguramiento inmunitario? ¿Cómo funciona la neutralización política? Esta lógica tiene como punto de partida que la democracia debe ser ajena a las contradicciones, a los conflictos y a las disputas que aparecen, por ejemplo, con el accionar de los movimientos sociales. Para poder lograr la “pretendida democracia” (inmunitaria y neutralizadora), se desenvuelven diversos mecanismos que van cerrando poco a poco los espacios, los sentidos y los imaginarios que han sido construidos bajo la égida de objetivos políticos ajenos a los de las clases políticas dirigentes.

Veamos, por ejemplo, el despliegue de uno de esos mecanismos. En primer lugar, identificamos la legalización de la persecución. El funcionamiento de este mecanismo es visible bajo el impresionante, violento y burdo despliegue de un aparato jurídico-discursivo, enfocado en justificar de manera calculada y pormenorizada las detenciones irregulares de 11 personas pertenecientes al Congreso de los Pueblos. A través de vías y mecanismos más “consensuados” (como lo son el respeto a la ley,  la protección de los “derechos humanos” y la “seguridad ciudadana”), la pretendida neutralidad del derecho invisibliza el carácter político de la persecución. Discursos presidenciales y artículos periodísticos aseguraban el “éxito nacional” de un gigante operativo policial antiterrorista,  que de manera usual, empezó a disiparse a los 3 días debido a la inminente falta de pruebas, pero también, debido a las constantes denuncias que entraron a señalar la teatralización de la violencia estatal que acarreó la proliferación viral de este evento-mediático. Sin embargo, el golpe fue dado satisfactoriamente: los falsos positivos judiciales se realizaron de manera efectiva, tanto para una plataforma política como la Marcha Patriótica, como para el Congreso de los Pueblos. No sin un poco de tristeza es necesario declarar que la legalización de la persecución funciona como un freno en seco hacia el camino que trazan multiplicidad de dinámicas grupales, fuerzas políticas y movilizaciones. El viernes 11 de septiembre, las 11 personas fueron puestas en libertad en segunda instancia por la ilegalidad de la captura. Aunque contamos con la dicha de tenerlxs en libertad, este suceso está marcando sus vidas y las de todo el Congreso de los Pueblos y los movimientos sociales y populares alrededor. El miedo a ser encarcelada, perseguida e inmovilizada por pensar y actuar diferente, muchas veces termina en el miedo y la obligatoriedad de guardar silencio. Las fuerzas reunidas para seguir hablando se empiezan a debilitar.

 

En segundo lugar, está la amenaza y la aniquilación física, por medio de una vía indeterminada. En enero de este año, el asesinato del activista de Congreso de los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza, y las múltiples amenazas a líderes y lideresas en todo el país, expresan la tensión existente entre la democracia estatal de este país, y los movimientos sociales y populares. En concreto, tomemos el ejemplo de las amenazas firmadas por “El Bloque Capital” o “Las águilas negras” a estudiantes, profesoras y profesores de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica -tanto en mayo de este año, como a finales del año pasado-. Desde la neutralidad del derecho, las respuestas a estas denuncias son blandas y poco esclarecedoras: que los paramilitares no existen, que no se sabe si fue asesinato, que las amenazas de muerte seguramente tienen que ver con “líos de faldas”. La incertidumbre alrededor de estas amenazas y estos asesinatos, las “fuerzas oscuras” detrás de estos, provocan una suerte de indeterminación de la persecución: situación que termina generando una sensación de impotencia con respecto a la posibilidad de saber desde dónde están apuntando. A la legalización de la persecución (desde la Fiscalía, los juzgados y el poder ejecutivo) se le suma entonces, la neutralización física vía indeterminación. En esta medida, a personas que han luchado por expresar sus opiniones y disputar espacios como las universidades y la academia, se les bloquea el cuerpo, torturándolo y asesinándolo o, intimidándolo, por el simple hecho de querer salir a caminar por fuera de su casa.

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos dos mecanismos, no son sino dos caras de la misma moneda y en esa medida, no son fenómenos aislados. Según el último informe de la ONG Somos defensores: “en lo que va del año 2015, 399 líderes y lideresas han sido víctimas de diversas amenazas seguimientos y ataques contra su integridad, aumentando considerablemente el número respecto al año anterior en donde se registraron 194 agresiones en el primer semestre del 2014.” Estos casos nos dan una luz sobre lo que es una estrategia política desplegada desde una red compleja de actores: en la universidad, en la calle, en los medios de comunicación, en lo público-estatal y en los lugares de trabajo, la participación y la oposición política es excluida de una manera contundente. Hay un conjunto de valores y creencias atravesado por el discurso del gobierno, de los medios y de las élites políticas, en el que la política es pensada como algo vertical que se organiza neutralmente por una racionalidad económica y jurídica, como un espacio que no es apto para la participación democrática. A este fenómeno podemos caracterizarlo como despolitización de la sociedad civil: reducir considerablemente los medios, los espacios y los objetivos legítimos que se despliegan en el momento de hacer política. 

 

A la lógica inmunitaria que atraviesa el sentido político del gobierno nacional, le es inconcebible pensar lo político por fuera de lo “normativo”; es decir, pensarlo como un espacio abierto y creativo de donde puede brotar algo que quiebre y se distancie de la homogeneidad que permea a la institución estatal. La participación se filtra hasta en lo más  mínimo: imponer medios, mecanismos y fines que se inmunizan contra la diferencia y poco a poco, neutralizan el espacio político que se encuentra al límite del espectro estatal. 

 

Si espacios que se han venido construyendo abiertamente hacia la participación política activa y democrática -como lo son por ejemplo, las universidades públicas-, están siendo minados por el miedo que despliegan tanto la legalización de la persecución, como la indeterminación de la aniquilación física, ¿cómo es posible pensar un diálogo nacional abierto e incluyente, sin que medie la negación absoluta de la diferencia? Sin tener una respuesta de antemano, creemos que insistir en la apertura de este diálogo, es de vital importancia para pensar la paz más allá de una racionalidad económica y una axiomática jurídico-estatal.

 

Celebramos infinitamente la libertad de nuestrxs compañerxs detenidos pero cerramos este artículo insistiendo en lo siguiente: no podemos olvidar el carácter político que rodea a esta persecución sistemática; no debemos permitir que nos pretendan despolitizar a través del miedo y la neutralidad del derecho; tenemos que insistir en la apertura de un diálogo nacional por la paz, que se constituya bajo una lógica de apertura  hacia el respeto de la diferencia, hacia el devenir de un otro que siempre nos está excediendo. 

 

 

 

 


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